La asociación "Baza Histórica" ha solicitado por segundo año consecutivo la presencia del Defensor del Pueblo Andaluz en la ciudad de Baza para que pueda apreciar en primera persona el hundimiento de los edificios monumentales de la ciudad desde hace más de una década, inste a los poderes públicos (Ayuntamiento y Cultura) a aplicar la Ley del Patrimonio y compruebe las mentiras que dichas instituciones le han comunicado por escrito para intentar confundido y evadir la aplicación de la Ley. Son doce años de mentiras sin ningún pudor al pueblo y al patrimonio bastetano.

El palacio de los Enríquez lleva doce años de hundimientos y de promesas de intervención que jamás se cumplen, la última realizada por el delegado provincial de Cultura y alcalde en julio del 2006, anunciando que los plazos para poder intervenir cumplían en diciembre de ese año y que a partir de entonces se iniciaría su restauración. Su última mentira por ahora.

La iglesia de San Jerónimo iba a ser restaurada tras los presupuestos de 2006:

(1.6 millones de euros adjudicados) tras once años de hundimientos y promesas. Ha sido otra mentira más. En cuanto al convento del mismo nombre decir que sigue hundiéndose y el delegado provincial de Cultura trata de despistar al Defensor afirmando que desconoce que esté en ruinas cuando cubiertas, muros y aleros caídos se ven desde la calle y dicha institución pago un informe con fotos dónde consta la ruina interna y externa del inmueble.

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La Alcazaba sigue hundiéndose a pesar de las ilegalidades no sancionadas por Cultura (prevaricación denunciada por particulares y asociaciones) y lo único que se ha anunciado es un Concurso de Ideas. En cuanto a San Antón va por el mismo camino si no se busca una solución.

 

Dado que llevamos doce años denunciado la situación por escrito y que no se hace nada, solicitamos e imploramos la presencia del Defensor del Pueblo en la ciudad. Hasta ahora nuestras reclamaciones de que se aplique la Ley han caído en saco roto. La administración local y autonómica hacen dejación total de funciones. Ambas instituciones marean la perdiz enviando informes al Defensor en los que mienten y omiten datos para evadir sus responsabilidades, tal y como hemos aclarado en artículos anteriores.